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De Bahía Blanca a Punta Colorada: la disputa por los hidrocarburos
Por Maximiliano Fernández Grau – Politólogo UBA
El pasado 31 de julio, el directorio de YPF decidió a través de una votación unánime que la planta de tratamiento de Gas Natural Licuado (GNL), que se proyectaba construir en el puerto de Bahía Blanca, Buenos Aires, sea construida en Punta Colorada, Río Negro. El mismo justificó esta decisión alegando que la localidad rionegrina era la mejor opción debido a cuestiones estrictamente técnicas.
En un breve comunicado, las autoridades de la empresa petrolera sostuvieron que, al estar más cerca del yacimiento hidrocarburífero de Vaca Muerta, se necesitará una menor extensión de gasoductos para transportar el gas natural. Además, la existencia de una mayor profundidad marítima en la localidad rionegrina facilita el amarre de buques; también destacaron que la amplia disponibilidad de terrenos en el lugar permitirá el desarrollo de obras complementarias. Asimismo, las bajas interferencias con otras actividades sociales facilitarían el normal desarrollo de esta actividad.
Entre las opciones descartadas se encontraba el puerto de Bahía Blanca, el cual presentaba una serie de ventajas relativas, respecto a la zona finalmente seleccionada en Punta Colorada, como una mayor accesibilidad náutica, capacidad de operatividad del puerto, disponibilidad de mano de obra, conectividad vial y desarrollo de infraestructura complementaria. La nueva localización de la planta requerirá una inversión adicional de 5 mil millones de dólares para la construcción de un puerto que permita el ingreso y amarre de buques de aguas profundas.
¿Cómo se decidió instalar la planta de GNL en Río Negro?
Según el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, detrás de la argumentación técnica del comunicado del directorio de YPF, hay una definición política por parte del Gobierno nacional: impedir que la planta de GNL que prevé una inversión de 30 mil millones de dólares, la mayor en la historia argentina, se establezca en suelo bonaerense. Si bien la idea de construir una planta de tratamiento de GNL surgió luego del descubrimiento de los yacimientos Hidrocarburíferos en Vaca Muerta, el cambio de la localización de la misma se definió el 31 de julio de 2024, después de varios años de trabajos entre los distintos gobiernos locales, provinciales y nacionales en Bahía Blanca.
Las decisiones de YPF, son tomadas por: el presidente del directorio designado por el Presidente de la Nación; el vicepresidente; y un directorio compuesto por representantes del Estado nacional, las provincias, los trabajadores y los accionistas privados (generalmente por mayoría de votos entre los miembros presentes en la reunión). El Estado tiene una ventaja con respecto a los accionistas privados ya que es propietario del 51% de las acciones de YPF. Su actual director, Horacio Marín, asumió el 15 de diciembre de 2023 después de haber sido designado por el Poder Ejecutivo nacional. Por esta razón, no se puede concebir que las definiciones tomadas por el directorio de la empresa sean solamente por criterios técnicos, sino también por los criterios políticos que están detrás de esas decisiones.
La planta de GNL es una obra estratégica que ayudará a transformar la matriz energética del país. Se estipula que permitirá el ingreso de más de 12 mil millones de dólares por el incremento de las exportaciones y que, por ende, contribuirá a que la Argentina pueda avanzar hacia el autoabastecimiento y la soberanía energética. Una década después del déficit energético de USD 36.800 millones, la sinergia entre YPF, Vaca Muerta y la inversión público-privada permite un horizonte cercano bastante prometedor para el país.
Vaca Muerta y el gas licuado: dos recursos para el desarrollo
La posibilidad de construir una planta de tratamiento de gas licuado en Bahía Blanca se comenzó a planificar en 2017 luego de la nacionalización de YPF y del descubrimiento de hidrocarburos en la Cuenca Neuquina. En 2021, el entonces presidente Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas para estimular la inversión privada a través de distintos beneficios impositivos. En 2022, el gobierno argentino y la empresa estatal malaya Petronas (encargada de realizar la obra) anunciaron la realización de la construcción en Bahía Blanca y en febrero de 2023 las autoridades de YPF reservaron los terrenos donde se iba a instalar la planta en dicho distrito.
La relación de esta planta de GNL con Vaca Muerta es decisiva: la producción de gas necesita infraestructura especial para su licuefacción y exportación, y como se mencionó anteriormente, Bahía Blanca ofrecía una solución eficiente con su puerto de aguas profundas y red de transporte desarrollada para esta situación. El mismo recibe importaciones de GNL de aproximadamente 90 millones de m3 cada uno, mientras que el puerto de Escobar, para referencia, no puede importar más de 57 millones de m3 por barco.
Según datos oficiales, las exportaciones totales de combustibles pasarán de 10.400 millones de dólares en 2024 a 36.700 millones de dólares en 2030. Este camino proporcionará un alivio sustancial a las reservas del país, con impactos macroeconómicos positivos en años donde la Argentina tiene que cumplir con compromisos asumidos por el pago de deuda.
La discusión de los próximos tiempos estará atravesada por el potencial que tiene la Argentina en materia de hidrocarburos y si deben utilizarse en función de un plan estratégico de desarrollo que priorice los intereses nacionales o si, por el contrario, primará una lógica de explotación de los recursos en función de la ganancia privada. La definición de este camino es más propia de la política que de la técnica.
Conclusiones
La actividad económica que se genera alrededor de una planta de GNL de estas características supone mayor recaudación para el Estado. Con las exportaciones de crudo y de gas, la Argentina pasará de una balanza energética negativa en 4.500 millones de dólares a otra positiva en 12 mil millones de dólares en 2026. De este modo, se comprende por qué los hidrocarburos son un activo muy importante para el país. Las decisiones que se toman alrededor de la política energética tienen un impacto directo en la vida de 47 millones de personas.
Existen argumentos más que suficientes como para preguntarse si la decisión tomada por el directorio de YPF tiene que ver estrictamente con cuestiones técnicas o si, por el contrario, está sostenida por cuestiones más relacionadas a la política. La cuestión radica en que prime el interés nacional y no se imponga lo que le conviene a unos pocos.